En un giro que genera preocupación entre los afiliados, el Gobierno de Colombia, a través de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), ha decidido prorrogar por un año más la intervención de EPS Sanitas. Esta decisión, anunciada el 2 de abril de 2025, responde a una serie de serias falencias y “incumplimientos normativos” que continúan afectando tanto la estabilidad financiera de la entidad como la calidad del servicio que se brinda a sus más de 5,7 millones de afiliados en el país.
La intervención del Gobierno no es un hecho aislado, sino que se deriva de múltiples factores que la Supersalud considera críticos. En primer lugar, la EPS Sanitas no ha logrado cumplir con el indicador de patrimonio adecuado a finales de 2023, lo que refleja una situación financiera alarmante. Este incumplimiento pone en evidencia una gestión financiera deficiente que ha comprometido la viabilidad a largo plazo de la entidad.
Desde el año 2020, la EPS no ha cumplido con el régimen de inversiones de la reserva técnica, un componente clave para asegurar la solvencia de las EPS frente a posibles contingencias. Esta falta de cumplimiento también ha sido señalada como un factor decisivo para la prórroga de la intervención.
Otro de los motivos que ha motivado esta intervención es el significativo incremento de quejas y reclamaciones por parte de los usuarios. Solo en enero de 2024, la EPS Sanitas registró 15.070 quejas, lo que equivale a una tasa de incidencia alarmante de 321,25 por cada 10.000 afiliados, superando con creces el promedio nacional. Los temas más recurrentes en las quejas son las dificultades para la asignación de citas médicas, retrasos en la entrega de medicamentos y demoras en las autorizaciones de servicios.
Además de los problemas administrativos y de calidad del servicio, Sanitas enfrenta una deuda millonaria con su red de prestadores de servicios de salud, la cual asciende a más de 2 billones de pesos colombianos a diciembre de 2023. Este déficit financiero no solo pone en riesgo la estabilidad operativa de la EPS, sino que también afecta gravemente a las instituciones de salud que dependen de estos pagos para su funcionamiento.
A pesar de las críticas y las deficiencias que han marcado el desempeño de EPS Sanitas en los últimos tiempos, las autoridades han asegurado que la intervención no afectará la atención de los afiliados. De acuerdo con la Supersalud, se han tomado las medidas necesarias para garantizar la continuidad en la prestación de servicios de salud, y los usuarios no sufrirán alteraciones en su atención médica.
Sin embargo, la situación sigue siendo preocupante, y la extensión de la intervención refleja la gravedad de los problemas dentro de la EPS. La medida también se enmarca dentro de un contexto más amplio de crisis financiera que afecta al sistema de salud colombiano, donde varias EPS están atravesando dificultades económicas que amenazan con desestabilizar el sector.
Si bien la intervención de EPS Sanitas acapara la atención mediática, también ha generado reacciones entre los afiliados de otras EPS, como Sura y Salud Total, que se verían beneficiados por la reestructuración del sector. Sin embargo, los afiliados de EPS Sanitas, Famisanar y otras entidades afectadas por la crisis económica del sistema de salud, continúan con incertidumbre respecto a la calidad y estabilidad de su cobertura médica.
El futuro de EPS Sanitas y otras EPS en crisis dependerá de las medidas correctivas que se implementen en los próximos meses. La prórroga de la intervención representa un desafío para las autoridades y para la entidad, que deberán demostrar que son capaces de superar las falencias estructurales y restaurar la confianza de los usuarios.
En este contexto, la situación sigue siendo un tema clave en el debate sobre la reforma y la viabilidad del sistema de salud colombiano, que aún enfrenta grandes desafíos en términos de sostenibilidad y calidad de la atención.