En medio de una creciente crisis política y social en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha acusado a Estados Unidos y España de estar involucrados en un complot para asesinar al presidente venezolano. Según Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, el supuesto complot fue orquestado por la CIA con el objetivo de desestabilizar el país sudamericano y eliminar a Maduro. Cabello también ha afirmado que el complot incluía a ciudadanos estadounidenses, españoles y checos.
El Departamento de Estado de EE.UU. ha respondido categóricamente a las acusaciones, calificándolas de “categóricamente falsas”. Un portavoz del Departamento afirmó que cualquier insinuación de que EE.UU. estuviera involucrado en una operación para derrocar a Maduro es completamente infundada. “Estados Unidos continúa apoyando una solución democrática a la crisis política en Venezuela”, agregó el portavoz.
El supuesto complot se habría descubierto tras la detención de seis extranjeros en Venezuela, incluyendo a un infante de marina estadounidense identificado como Wilbert Castañeda. Según Cabello, Castañeda sería el líder de la operación, mientras que otros dos estadounidenses, David Estrella y Aaron Barrett Logan, también estarían involucrados. Además, se mencionaron dos ciudadanos españoles, José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, y un ciudadano checo, Jan Darmovzal. Las autoridades venezolanas también incautaron 400 fusiles estadounidenses vinculados al supuesto complot.
En respuesta a estas afirmaciones, España ha solicitado acceso a los ciudadanos detenidos para verificar sus identidades y las acusaciones en su contra. Una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha afirmado que el gobierno español desmiente cualquier implicación en la operación y que los detenidos no forman parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ni de ningún otro organismo estatal español.
La crisis en Venezuela ha escalado desde las disputadas elecciones presidenciales de julio, en las que Maduro se adjudicó un tercer mandato en medio de escepticismo global y protestas internas. La oposición venezolana y numerosos líderes latinoamericanos, junto con EE.UU., han cuestionado la legitimidad de la victoria de Maduro. Las tensiones han sido exacerbadas por la represión severa de las protestas, que ha llevado al arresto de unas 2,400 personas y a la huida de muchos otros.
Además de las tensiones diplomáticas, EE.UU. ha impuesto sanciones a funcionarios venezolanos y ha confiscado un avión utilizado por Maduro para sus viajes internacionales. La situación interna en Venezuela sigue siendo crítica, con reportes de represión y violaciones de derechos humanos en aumento, según informes de Human Rights Watch.
La comunidad internacional continúa observando de cerca la situación, mientras el gobierno de Maduro enfrenta un creciente aislamiento y presión internacional. La resolución de la crisis venezolana sigue siendo incierta, con una solución democrática que aún parece lejana.