La multinacional PriceSmart confirmó el despido de Walter Murillo, el hombre que disparó brutalmente en la cabeza a su perro Max en un impactante acto de crueldad animal. La noticia llega en medio de la indignación pública y mientras Max se recupera de una delicada cirugía en una clínica veterinaria.
El incidente, que ha generado una ola de repudio en redes sociales y la comunidad local, ocurrió en el municipio de Candelaria, Valle. Según reportes, Murillo utilizó un arma que le fue entregada por su pareja a través de unos arbustos para perpetrar el ataque contra su indefenso canino.
PriceSmart emitió un comunicado oficial en el que condena enérgicamente el acto, desvinculándose de la conducta de su ex empleado. “Este acto no representa los valores ni la cultura de nuestra compañía. Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la responsabilidad y el bienestar de todos los seres vivos”, señaló la empresa.
A pesar de ser capturado inicialmente por las autoridades, Murillo fue puesto en libertad al día siguiente, generando aún más controversia. Sin embargo, su intento posterior de llevarse a Max de la clínica veterinaria fue frustrado.
Ahora, Walter Murillo deberá enfrentar la justicia por el delito de maltrato animal agravado, tipificado en la Ley 1774 de 2016. Esta legislación colombiana establece penas más severas para quienes cometan actos de crueldad contra los animales, reconociéndolos como seres sintientes que merecen protección.
Mientras tanto, la atención se centra en la recuperación de Max. El pequeño canino fue sometido a una difícil cirugía para extraer los proyectiles alojados en su cabeza y continúa hospitalizado, luchando por su vida. La comunidad se ha movilizado para brindar apoyo económico y emocional a los responsables de su cuidado.
Este caso pone de manifiesto la creciente conciencia sobre los derechos de los animales en Colombia y la importancia de aplicar la ley con rigor en casos de maltrato. La decisión de PriceSmart de despedir a Murillo subraya la postura de algunas empresas en contra de la violencia animal y su compromiso con valores éticos.
Las autoridades competentes continúan con la investigación para esclarecer todos los detalles del caso y garantizar que se haga justicia por Max. La sociedad civil espera una sanción ejemplar para el agresor, sentando un precedente en la lucha contra el maltrato animal en el país.