En medio de la creciente crisis humanitaria que afecta al departamento de Chocó, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado un paro armado de 72 horas, que comenzará a las 00:00 horas del 18 y se extenderá hasta las 00:00 horas del 21 febrero. Este paro, decretado por el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla, ha generado incertidumbre y preocupación en la población local, que ya sufre los embates de la violencia y el recrudecimiento de los enfrentamientos entre actores armados ilegales, como el ELN y el Clan del Golfo.
El anuncio del ELN llega en un contexto donde los habitantes de Chocó enfrentan una grave crisis humanitaria, exacerbada por la violencia de los grupos armados ilegales. La región, que ha sido escenario de intensos combates y desplazamientos forzados, es también un punto estratégico para los actores armados, debido a su ubicación geográfica y sus vínculos con el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando de madera. En este sentido, el ELN ha señalado al gobierno nacional como el principal responsable de la situación, acusándolo de permitir el crecimiento y posicionamiento del Cartel del Golfo en el departamento.
A través de un comunicado, el ELN también hizo referencia a la conmemoración de los 58 años de la muerte de Camilo Torres Restrepo, un símbolo de la lucha armada en Colombia, como parte del contexto de su paro armado. En este mensaje, la guerrilla señala su intención de visibilizar lo que consideran un entramado entre el Estado, las fuerzas militares, mercenarios y grupos paramilitares en la región del Chocó.
Este paro armado llega en un momento de tensión tras la suspensión de los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno nacional. La decisión de suspender las negociaciones fue tomada después de que se registraran violaciones graves a los derechos humanos en zonas como el Catatumbo, incluyendo confinamientos, desplazamientos, reclutamientos forzados de menores, homicidios de civiles y firmantes de paz, así como la instalación de minas antipersonales.
En Chocó, los recientes enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo han provocado el desplazamiento de cientos de personas, como ocurrió la semana pasada en el municipio de Istmina, donde 500 habitantes se vieron obligados a huir debido a la violencia. Este conflicto se suma a los numerosos paros armados decretados por el ELN en los últimos años, que han generado una situación de inestabilidad y vulnerabilidad para la población civil y los líderes sociales de la región.
Los analistas coinciden en que el Chocó se ha convertido en un territorio estratégico para los grupos armados ilegales, dado su acceso a importantes corredores hacia el Eje Cafetero, el Pacífico y el Valle de Cauca, lo que lo convierte en un punto crucial para garantizar rentas ilícitas. La minería ilegal, el narcotráfico y el contrabando de madera se han consolidado como fuentes de financiación para estos grupos, lo que ha incrementado la violencia y la disputa por el control del territorio.
Ante este panorama, la situación de los habitantes de Chocó es cada vez más desesperante. La respuesta del gobierno nacional, ante el recrudecimiento de los enfrentamientos y la constante vulneración de los derechos humanos en la región, sigue siendo un tema central de debate. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la situación y han instado a una solución pacífica que permita poner fin a la violencia en la región.
La crisis humanitaria en Chocó, en la que ya se ha perdido la vida de miles de personas y el desplazamiento forzado ha marcado la vida de miles más, sigue siendo uno de los desafíos más complejos para Colombia. Con el anuncio de este nuevo paro armado del ELN, la población civil se enfrenta a un panorama incierto, mientras la violencia y la pobreza se siguen entrelazando, aumentando la vulnerabilidad de las comunidades en este rincón del país.