El Catatumbo, una de las regiones más convulsas de Colombia, se encuentra nuevamente en el centro del conflicto. Este jueves, enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las antiguas FARC, dejaron un saldo trágico: al menos cuatro firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 fueron asesinados.
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) confirmó que los excombatientes Pedro Rodríguez Mejía, Albeiro Díaz Franco, Jhon Fredy Carrascal y Juan Carlos Carvajalino fueron sacados de sus viviendas y ejecutados, presuntamente, por guerrilleros del ELN.
El partido Comunes, surgido tras la desmovilización de las FARC, denunció que el número de firmantes asesinados podría ser de siete, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades.
Disputas territoriales y terror en las comunidades
Los enfrentamientos entre los grupos armados tienen como trasfondo el control de los cultivos de coca y los corredores del narcotráfico en el Catatumbo. Habitantes de la zona han reportado enfrentamientos en las calles y denuncian que guerrilleros del ELN han sacado de sus casas a varias personas, cuyo paradero es incierto.
El presidente Gustavo Petro expresó su solidaridad con la población del Catatumbo y aseguró que el Gobierno tomará medidas. Sin embargo, la violencia en esta región sigue siendo un desafío para la implementación del Acuerdo de Paz.
Un golpe a la paz y un llamado a la acción
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó los hechos como un golpe a la implementación del acuerdo firmado en 2016 y urgió al Gobierno a tomar acciones para proteger a los firmantes y a las comunidades afectadas.
“La protección de los excombatientes es esencial para garantizar los derechos de las víctimas y avanzar hacia la paz en Colombia”, señaló el tribunal.
El Catatumbo sigue siendo un escenario de guerra, donde la paz parece lejana y las comunidades luchan por sobrevivir en medio del conflicto.